La investigación federal contra una presunta red dedicada al contrabando de combustible derivó en la detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa señalada por las autoridades dentro de las indagatorias relacionadas con posibles operaciones irregulares de hidrocarburos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Hernández Hinojosa en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El mandamiento judicial fue solicitado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y obtenido como parte de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal.

La mujer es investigada por su probable responsabilidad en los delitos de contrabando y delincuencia organizada. Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, Hernández Hinojosa habría participado en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se reportaban ante las autoridades cantidades de hidrocarburos inferiores a los volúmenes realmente transportados.

Las indagatorias también identifican su participación en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con las actividades de Ingemar S.A. de C.V., entre ellos la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos.

La FGR documentó además su presunta intervención en trámites ante autoridades aduaneras relacionados con mercancías que presentaban inconsistencias en su documentación. Según la investigación, habría realizado gestiones encaminadas a obtener su liberación y regularización.

Otro de los elementos bajo análisis corresponde al manejo financiero de la compañía. Hernández Hinojosa fue identificada como firmante autorizada de diversas cuentas bancarias de la empresa, condición que, de acuerdo con las autoridades, le habría permitido intervenir en la administración de recursos.

Para los investigadores, estos elementos apuntan a una posible participación en distintas áreas de la estructura investigada, entre ellas la representación corporativa, administración financiera y ejecución de operaciones jurídicas relacionadas con las actividades comerciales de la compañía.

Con esta captura, suman nueve las personas aprehendidas como parte de las investigaciones relacionadas con esta presunta estructura. De ellas, ocho ya fueron vinculadas a proceso.

Entre los detenidos se encuentran el primer exgobernador panista de Baja California: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, además de Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo.

Una de las líneas que permitió avanzar en la investigación surgió en julio de 2025, cuando autoridades localizaron 33 ferrotanques abandonados en las inmediaciones de Ramos Arizpe, Coahuila.

El hallazgo ocurrió durante acciones de la Estrategia Nacional contra la Extracción Ilegal, Robo y demás Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. En las diligencias participaron elementos de la FGR, SSPC, AIC, Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de seguridad de Coahuila, con apoyo de la Comisión Nacional de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las muestras obtenidas de los ferrotanques confirmaron la presencia de hidrocarburos, por lo que el hallazgo abrió nuevas líneas de investigación relacionadas con el origen, traslado y destino del combustible.

A partir del seguimiento de información financiera, aduanera y logística, las autoridades reconstruyeron lo que consideran un esquema de presunto contrabando de combustible mediante transporte ferroviario.

Según la investigación federal, la estructura habría utilizado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros para llevar a cabo sus actividades. Las autoridades también indagan una posible participación de servidores públicos.

Uno de los mecanismos presuntamente identificados consistía en declarar ante las autoridades cantidades de combustible inferiores a las que realmente eran transportadas. En otras operaciones, los cargamentos habrían sido registrados como productos distintos, con el objetivo de evadir el pago de contribuciones e impuestos correspondientes.

Las indagatorias establecieron además que el hidrocarburo presuntamente introducido de manera ilegal habría sido mezclado con combustible de procedencia lícita, un mecanismo que, de acuerdo con los investigadores, dificultaría su identificación antes de incorporarlo a los canales de distribución y comercialización.

La investigación permanece abierta para determinar el alcance de la estructura, identificar a otros posibles integrantes y establecer las responsabilidades que correspondan. La situación jurídica de las personas detenidas deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme avance el proceso.