La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a la ola de rechazo tras las declaraciones de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, quienes se mofaron del envejecimiento durante su participación en el videopodcast DesCasadas.

El organismo defensor reprobó las frases vertidas en el espacio digital —donde las legisladoras afirmaron que las personas mayores "huelen a baúl" y que "se están pudriendo"— y dejó en claro que no se trató de un chiste o un momento de humor, sino de un acto directo de discriminación, edadismo y violencia institucional contra la tercera edad.

Para el órgano nacional, el cargo que ocupan las legisladoras las obliga a actuar con un estándar de respeto superior, por lo que advirtió que una simple disculpa en redes sociales no borra el daño ni repara la ofensa hacia las personas mayores. Ante esta situación, la CNDH pidió al Congreso del Estado de Puebla fijar un posicionamiento formal e imponer códigos de conducta estrictos para evitar que sus integrantes usen discursos discriminatorios en cualquier medio.

Además, sugirió que todo el Legislativo poblano tome capacitaciones urgentes sobre derechos humanos y vejez, recordando que la legislación mexicana y los tratados internacionales exigen proteger la dignidad de este grupo poblacional.

Con este pronunciamiento, la CNDH se une al rechazo unánime que ya habían expresado distintas autoridades e instancias políticas en los últimos días. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) fue de las primeras en señalar que una disculpa pública motivada por la presión no era suficiente y exigió medidas de fondo para evitar que estos discursos se repitan.

La controversia escaló hasta la dirigencia nacional de Morena, la cual envió el caso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) con la posibilidad de suspender los derechos partidistas de ambas funcionarias. A esta postura se alineó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien remarcó que la militancia exige valores y respeto por los adultos mayores. Finalmente, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reprobó categóricamente los comentarios desde Palacio Nacional, subrayando que ningún servidor público tiene derecho a discriminar o burlarse de la ciudadanía.