A dos semanas de que Gilda Susana Lozoya fuera vinculada a proceso por el mismo caso, un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, al determinar que no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por el empresario Alonso Ancira Elizondo en el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó, por unanimidad, la resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación que negó a Lozoya el amparo con el que buscaba mantener suspendido el proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El proyecto, elaborado por la magistrada Lorena Oliva Becerra, concluyó que el acuerdo reparatorio suscrito por Ancira con Pemex no extingue la responsabilidad penal del exfuncionario. La resolución retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para establecer que el convenio fue celebrado bajo el principio de mancomunidad y no de solidaridad, por lo que cada imputado debe responder de manera individual por sus obligaciones.

Con este criterio, el tribunal dejó sin efectos la suspensión del proceso que en su momento concedió el entonces juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, quien había considerado que la reparación del daño pactada por Ancira también favorecía a Lozoya.

El caso Agronitrogenados deriva de la compra, en 2014, de una planta de fertilizantes que Pemex adquirió a Altos Hornos de México (AHMSA). De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la operación se realizó con un sobreprecio millonario y estuvo acompañada del presunto pago de sobornos al entonces director de la petrolera.

La FGR informó recientemente que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) estimó que una instalación nueva tenía un valor de 58.3 millones de dólares, lo que arrojó un presunto sobreprecio de 216.6 millones de dólares, monto fijado como reparación del daño.

Para cubrir esa cantidad, Alonso Ancira acordó pagar en tres parcialidades y ofreció como garantía el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de hornos e inmuebles. Sin embargo, aunque liquidó los dos primeros pagos por un total de 104.1 millones de dólares, incumplió la tercera exhibición, por 112.5 millones de dólares, prevista inicialmente para noviembre de 2023.

Tras el incumplimiento, la FGR solicitó reanudar el proceso penal contra el empresario. Ancira argumentó que enfrentaba un proceso de reestructura financiera y pidió una prórroga, misma que Pemex autorizó hasta el 30 de noviembre de 2024. No obstante, la aprobación definitiva de esa modificación quedó suspendida debido a un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya.

Con la resolución del tribunal colegiado, el proceso penal contra el exdirector de Pemex deberá continuar de manera independiente al acuerdo reparatorio celebrado por Alonso Ancira, mientras las investigaciones por la compra de Agronitrogenados siguen su curso.

El caso Agronitrogenados forma parte de uno de los expedientes de mayor impacto en materia de corrupción relacionados con Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La FGR sostiene que la compra de la planta ocasionó un daño patrimonial superior a 216 millones de dólares, cifra determinada a partir del avalúo realizado por el Indaabin.