El Senado de la República aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas y otras herramientas electrónicas para reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo. La reforma generó críticas de legisladores de oposición y dudas incluso entre integrantes de Morena por las facultades que otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El dictamen fue avalado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, correspondientes a legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Tras su aprobación en lo general y en lo particular, la propuesta fue turnada al Ejecutivo Federal, de acuerdo con la información proporcionada sobre la sesión legislativa.

La nueva legislación contempla 22 artículos y cinco disposiciones transitorias. Entre los mecanismos de pago reconocidos se encuentran los códigos QR, la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), las tarjetas de crédito y débito, los cargos domiciliados y las transferencias de fondos.

Además, establece que los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria para facilitar estas operaciones y promover su adopción. También tendrán que implementar medidas para atender las contingencias que impidan realizar pagos digitales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad que otorga a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que los pagos digitales serán obligatorios. El dictamen contempla que, ante contingencias que imposibiliten estas transacciones, se permita recurrir al efectivo o al cheque.

La propuesta también incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros de manera electrónica, además de reconocer aplicaciones, plataformas web y programas informáticos como herramientas para modernizar el pago de trámites y servicios.

Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron las facultades que la ley concede a Hacienda para determinar dónde se utilizarán exclusivamente medios de pago digitales. Entre sus principales preocupaciones señalaron la posible exclusión de personas no bancarizadas, las dificultades de conectividad y el impacto que podría tener la medida en los pequeños negocios y la economía informal.

El senador panista José Máximo García López sostuvo que la iniciativa se presenta como una medida de modernización e inclusión financiera, pero advirtió que también podría ampliar la capacidad de fiscalización del gobierno. En la misma línea, la priista Karla Toledo cuestionó que la Secretaría de Hacienda tenga la facultad de determinar los sectores en los que el efectivo dejaría de ser una opción habitual.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo afirmó que la reforma podría afectar a trabajadores informales, comerciantes ambulantes y personas de bajos ingresos que no cuentan con servicios bancarios.

Las críticas también se centraron en la falta de garantías para que la transición a los pagos electrónicos se adapte a las condiciones de conectividad y acceso financiero de cada región del país.

La discusión también evidenció diferencias dentro de Morena. El senador Ricardo Sheffield Padilla presentó una reserva para modificar el dictamen y advirtió sobre los riesgos de concentrar en un funcionario la decisión sobre los sectores que deberán utilizar pagos digitales.

Sheffield expresó su inconformidad con la rapidez del proceso legislativo y alertó sobre la posibilidad de que la nueva regulación propicie prácticas monopólicas. Su propuesta no prosperó, pues fue rechazada por el pleno.

La senadora morenista Guadalupe Chavira respaldó la necesidad de revisar el texto legal y pidió dejar de lado las diferencias partidistas para atender las preocupaciones de los legisladores. Señaló que, pese a formar parte de la bancada mayoritaria, también tenía dudas sobre algunos aspectos de la iniciativa.

El Senado aprobó el dictamen en lo general con 73 votos a favor y 34 en contra, mientras que la votación en lo particular concluyó con 72 votos favorables y 37 en contra. Una vez concluida la discusión, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para continuar con el procedimiento correspondiente.

La legislación plantea una aplicación gradual por sectores, cuya determinación corresponderá a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la implementación dependerá de las disposiciones que se emitan y de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El debate deja como uno de los principales desafíos la necesidad de ampliar el acceso a los medios de pago electrónicos sin excluir a las personas que carecen de cuentas bancarias, dispositivos adecuados o conexión a internet.