El congestionamiento vial en los 28 municipios que integran la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala genera un impacto económico devastador de 7 mil millones de pesos anuales y fuerza a sus habitantes a perder en promedio 155 horas al año atrapados en el tráfico —el equivalente a 6.5 días completos—.
Así lo reveló el estudio “Costo de la congestión 2026. La factura invisible del tráfico”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en alianza con Dat’s Why y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
El informe ubica a la zona conurbada Puebla-Tlaxcala en la quinta posición nacional entre las metrópolis con la movilidad más cara e ineficiente, únicamente superada por el Valle de México, con $81.7 mil millones; Monterrey, $19 mil millones; Guadalajara, con $17.5 mil millones; y Tijuana, $7.1 mil millones.
El costo per cápita anual por el colapso de las avenidas asciende a 7 mil 163 pesos en la región, cifra sustancialmente mayor a la media nacional registrada en 5 mil 645 pesos, mientras que la velocidad promedio de circulación se estancó en 43.3 kilómetros por hora, colocándola en el sitio 39 de 44 zonas urbanas evaluadas en todo el país.
Usuarios del transporte público pagan la factura más alta
El análisis del IMCO expone una profunda brecha de desigualdad: el 53% de la población metropolitana que utiliza el transporte público sufre los mayores costos y pérdidas de tiempo.
En promedio, un usuario del transporte público pierde 172 horas al año en traslados y absorbe un gasto per cápita de 7.944 pesos; en contraste, quien se desplaza en vehículo privado pierde 136 horas anuales -36 horas menos- con un costo per cápita de 6,291 pesos. Asimismo, los viajes hacia los centros laborales en transporte público promedian 46 minutos, frente a los 37.9 minutos que le toma a un automovilista.
Para revertir este panorama y evitar que el tráfico continúe mermando la productividad y la calidad de vida en los municipios conurbados, el IMCO urgió a los gobiernos estatales y municipales a priorizar la inversión en transporte público masivo, modernizar tecnológicamente las unidades con monitoreo en tiempo real, transparentar esquemas tarifarios técnicos y evaluar programas piloto de cobro por congestión y regulación estricta de estacionamientos en zonas de alta saturación vial.