Una jueza de control de Tlalnepantla, Estado de México, dictó prisión preventiva contra Diego Sebastián N y Gerardo N, señalados por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, y de integrantes de su familia.

La medida cautelar fue determinada después de una audiencia inicial de imputación que se prolongó durante alrededor de nueve horas. La jueza autorizó la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para determinar si los dos acusados serán vinculados a proceso. La próxima audiencia quedó programada para el miércoles 9 de septiembre.

Mientras se define su situación jurídica, Diego Sebastián N y Gerardo N permanecerán recluidos en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a ambos el pasado 2 de septiembre, un día después del crimen ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su pareja, Ana Paula Barragán, de 35 años y quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba para la familia.

El hijo de seis años de Jonathan Meléndez y Ana Paula Barragán sobrevivió al ataque después de esconderse durante los hechos. La mascota de la familia también fue encontrada sin vida.

Las primeras investigaciones señalan que Diego Sebastián N mantenía una relación de negocios con Meléndez, lo que presuntamente le permitió ingresar al fraccionamiento y evadir los controles de seguridad.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por medios nacionales, una de las líneas de investigación apunta al robo como posible móvil. Diego Sebastián N y Meléndez también tenían propiedades en Valle de Bravo que rentaban mediante Airbnb.

Según registros del Registro Público de Comercio, el argentino Diego Sebastián N fundó cinco empresas en México; la primera fue creada en 2001 y la más reciente en 2018.

La Fiscalía presentó durante la audiencia elementos de prueba relacionados con los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad animal.