La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como la “Ley Antimemes”, que establece sanciones por el uso comercial indebido de elementos de identidad gráfica de instituciones públicas con fines fraudulentos.

Luego de una discusión que se prolongó durante varias horas, el dictamen recibió 281 votos a favor, 87 en contra y ninguna abstención. Con ello, el proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas con la intención de inducir a error o engaño para cometer un ilícito.

La denominación “Ley Antimemes” fue utilizada por legisladores de oposición para cuestionar los alcances de la reforma, particularmente ante la posibilidad de que su redacción pudiera afectar expresiones de crítica política, sátira, parodia y contenidos periodísticos.

Durante la discusión, representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano solicitaron incorporar excepciones explícitas para proteger el trabajo de periodistas, caricaturistas y creadores de contenido, así como las expresiones humorísticas y de opinión. Sin embargo, las reservas presentadas al dictamen fueron rechazadas o retiradas, por lo que el proyecto se aprobó sin esos cambios.

La oposición advirtió que la falta de precisiones podría abrir la puerta a interpretaciones que generen incertidumbre sobre los límites entre el uso fraudulento de la identidad institucional y la libertad de expresión.

En contraste, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma al argumentar que busca combatir la falsificación, la piratería y las páginas apócrifas que suplantan la identidad de organismos públicos para engañar a la ciudadanía.

De acuerdo con la disposición aprobada, el uso de elementos gráficos institucionales debe darse a escala comercial y tener como finalidad inducir al engaño para cometer un delito para actualizar la conducta sancionada. Por ello, la elaboración o publicación de un meme no queda tipificada automáticamente como delito por el solo hecho de ser un meme.

Con la aprobación en ambas etapas legislativas, el dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para el procedimiento correspondiente a su publicación y entrada en vigor.