El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con el titular de la SSPC, las investigaciones relacionan a los dos detenidos con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, además de actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

Las indagatorias también los vinculan, según la información difundida por Harfuch, con presuntos esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Como parte de las acciones para afectar la capacidad financiera de la estructura investigada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación, informó García Harfuch.

El secretario señaló que las investigaciones y acciones operativas continuarán con el objetivo de desarticular la estructura criminal y detener a las personas que eventualmente estén involucradas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

La captura del alcalde se realizó en el marco de la política de “Cero Impunidad” del gobierno federal. La detención de Sánchez Altamirano ocurre además en una región donde las autoridades han mantenido operativos contra estructuras delictivas y delitos de alto impacto.

Hasta el momento, las acusaciones y señalamientos forman parte de una investigación penal. La situación jurídica de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes conforme avance el proceso.