La administración de Claudia Sheinbaum reportó más de 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026; sin embargo, el crecimiento de la población penitenciaria durante ese periodo fue considerablemente menor.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en ese periodo fueron detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto. La cifra fue presentada el 8 de septiembre como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Los registros penitenciarios citados muestran que la población privada de la libertad pasó de 234,514 personas al inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2024, a 272,448 al 31 de julio de 2026. Esto representa un aumento neto de 37,934 personas.

La diferencia entre ambas cifras no significa que todas las personas detenidas hayan ingresado a prisión. La propia SSPC señaló que se trata de indicadores distintos: después de una detención, corresponde al Ministerio Público determinar lo conducente y a la autoridad judicial resolver la situación jurídica de cada persona y, en su caso, imponer una medida cautelar.

¿Por qué no coinciden las cifras de detenidos y presos?

Una detención no implica necesariamente un ingreso al sistema penitenciario ni que la persona permanezca privada de la libertad. Para conocer el crecimiento real de la población carcelaria es necesario considerar tanto los ingresos como los egresos de los centros penitenciarios.

La SSPC también explicó que mantiene coordinación con las autoridades penitenciarias estatales para realizar traslados de personas privadas de la libertad cuando jurídicamente corresponde, tomando en cuenta factores como seguridad, gobernabilidad y disponibilidad de espacios.

El gobierno federal ha señalado que las más de 67 mil detenciones forman parte de operaciones contra líderes, operadores regionales y financieros de distintas células delictivas vinculadas con delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

Además, el reporte oficial del 8 de septiembre indicó que, durante el mismo periodo, fueron aseguradas 34 mil 353 armas de fuego, más de 534 toneladas de droga y fueron inhabilitados 2 mil 771 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina.

La situación jurídica de las personas privadas de la libertad es otro elemento relevante para analizar el crecimiento de la población penitenciaria. El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del Inegi, con información correspondiente a 2024, contabilizó 85,547 personas adultas privadas de la libertad sin sentencia. De ellas, 47% se encontraba en prisión preventiva oficiosa y 38% en prisión preventiva justificada.

Estos datos muestran que una parte importante de la población penitenciaria permanece privada de la libertad sin contar todavía con una sentencia, aunque no permiten atribuir por sí mismos el aumento registrado durante la actual administración a una sola causa.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL plantearon precisamente la necesidad de observar los movimientos de entrada y salida de los centros penitenciarios para explicar el crecimiento neto de la población carcelaria. El investigador Héctor Hernández Bringas, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que el aumento debe analizarse considerando también los egresos y relacionó el crecimiento de la población penitenciaria con cambios en la estrategia de seguridad y el uso de la prisión preventiva.

Por su parte, José Luis Gutiérrez Román, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, destacó la importancia de considerar los ingresos y egresos mensuales del sistema penitenciario y planteó la necesidad de políticas de despresurización de las cárceles.

Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz, también señaló que el aumento de la población penitenciaria debe acompañarse de mayor capacidad para evitar condiciones de hacinamiento y violencia dentro de los centros.