Víctimas de secuestro durante la elección de 2021, así como colectivos ciudadanos de Sinaloa, denunciaron desde febrero pasado ante la Fiscalía General de la República al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; sin embargo, aseguran que las investigaciones no han tenido avances.

De acuerdo con Miguel Ángel Murillo, estas acciones forman parte de tres vías legales emprendidas —penal, electoral y administrativa—, ninguna de las cuales ha prosperado hasta ahora. El activista acusó que las autoridades han desestimado los señalamientos al argumentar falta de elementos para iniciar procesos como una carpeta de investigación, un desafuero o incluso una eventual separación de poderes.

En el ámbito electoral, señaló que el caso fue atendido por la magistrada Aida Inzunza, a quien vinculó con el senador Enrique Inzunza Cázarez, también señalado por la justicia estadounidense, lo que —afirmó— generó dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Respecto a la vía penal, sostuvo que la denuncia fue recibida por la FGR sin seguimiento posterior. Incluso, afirmó que la titular de la institución, Ernestina Godoy, no atendió directamente a los denunciantes. Entre las pruebas presentadas se incluye el testimonio de Paola Gárate, quien forma parte de las más de 200 presuntas víctimas de secuestro previo a la elección de 2021, proceso que calificó como una “narco elección”.

También se menciona la investigación relacionada con el homicidio de Héctor Melesio Cuén, en la que participaron la ex procuradora Sara Bruna Quiñonez y el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra, este último igualmente señalado por autoridades de Estados Unidos.

Según los denunciantes, estos elementos podrían vincularse con el caso que se sigue en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

Tras la solicitud de licencia del mandatario, Murillo afirmó que en Sinaloa existe una percepción de cambio y expectativas de que las investigaciones finalmente avancen.