La clonación de pipas de gas licuado de petróleo (gas LP) representa una nueva fase del llamado huachigás en Puebla, donde redes dedicadas al robo de hidrocarburos no solo sustraen combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que ahora falsifican unidades completas para simular operaciones legales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), esta modalidad incluye la clonación de logotipos, números económicos, placas e incluso códigos QR que permiten verificar la legalidad de las unidades ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que complica su detección en carreteras y zonas urbanas.

La organización estima que podrían circular alrededor de 300 pipas clonadas principalmente en municipios del denominado Triángulo Rojo en Puebla, como Tepeaca, Palmar de Bravo, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, regiones históricamente vinculadas al robo de combustible.

Este fenómeno no solo implica competencia desleal para empresas formales —que cumplen con impuestos, seguros, permisos y mantenimiento—, sino también un riesgo para la población, ya que estas unidades operan sin controles técnicos ni medidas de seguridad certificadas, lo que incrementa la posibilidad de fugas, incendios o explosiones.

Las estimaciones del sector indican que el mercado ilegal puede ofrecer gas LP entre 8 y 10 pesos por kilogramo, mientras que el precio regulado por la CRE ronda los 20 pesos, lo que explica el atractivo económico de esta actividad ilícita.

Datos de Pemex señalan que en el primer trimestre de 2026 se registraron 157 tomas clandestinas de gas LP en la entidad, un aumento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 116 casos. Tepeaca encabeza la lista con 44 tomas, seguido de Acatzingo, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo.

Entre los principales riesgos identificados se encuentra la falsificación de códigos QR que deberían permitir la verificación de permisos, características de la unidad y vigencia de autorizaciones, lo que facilita la circulación de pipas clonadas sin levantar sospechas.

La normativa vigente establece sanciones de 4 a 12 años de prisión, además de multas de entre 4 mil y 17 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes cometan delitos en materia de hidrocarburos.