La propuesta para elevar a la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán al rango de municipio ha vuelto a la mesa de debate en el Congreso del Estado, tras años de permanecer como una demanda social histórica. Aunque la iniciativa fue presentada formalmente en 2025, el Poder Legislativo enfrenta el reto de desahogar una serie de requisitos técnicos y legales antes de que el proceso sea alcanzado por los tiempos electorales de 2027.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhortó al Congreso del Estado a retomar y agilizar el análisis de esta iniciativa a por el municipio 218 de la entidad. El mandatario calificó el tema como una “demanda justa” y un compromiso pendiente desde 2018, señalando que anteriores administraciones no mostraron voluntad política para concretar el cambio.

Desde la sede del Poder Legislativo, Armenta instó al diputado José Luis Figueroa Cortés a dar seguimiento al procedimiento, solicitando también la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica para revisar los aspectos técnicos. No obstante, el proceso enfrenta obstáculos significativos: la iniciativa, presentada formalmente en 2025, permanece en comisiones debido a la complejidad de requisitos legales como la delimitación territorial, la integración de un padrón propio y la suficiencia en la prestación de servicios públicos.

El mandatario atribuyó el rezago de esta transición a la falta de coordinación entre los gobiernos de Miguel Barbosa y el panista Eduardo Rivera en el pasado. Sin embargo, el panorama actual también presenta retos temporales; especialistas y actores políticos advierten que el proceso podría verse frenado nuevamente por la proximidad de las elecciones de 2027, lo que reduciría el margen de maniobra para realizar ajustes en la cartografía electoral y administrativa del estado.

San Francisco Totimehuacán busca autonomía administrativa frente al Ayuntamiento de Puebla. Aunque el Ejecutivo estatal manifestó su “respaldo total” a la propuesta, la decisión final recae en el Congreso Local, que deberá determinar si existen las condiciones técnicas y financieras para sustentar la creación de una nueva demarcación antes de que el calendario electoral detenga las reformas de este tipo.