El rescate de Apolo, un perro abandonado en la alcaldía Azcapotzalco, destapó una nueva controversia: mientras el maltrato animal suele quedar impune, quienes intervinieron para salvarlo —dos periodistas— hoy podrían ser procesados penalmente.

Apolo, un husky que vivía en una casa de la colonia Santa Apolonia, en Azcapotzalco, fue rescatado por vecinos y por los periodistas Laura Sánchez Ley y Óscar Balmen, quienes respondieron a los llamados de auxilio de la comunidad. Durante días, los habitantes denunciaron que el animal permanecía sin agua ni comida, luego de que sus dueños abandonaran la vivienda y lo dejaran a cargo de terceros.

Aunque agentes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) acudieron al inmueble, únicamente colocaron un citatorio, lo que prolongó la situación de riesgo para el perro. Fue entonces que los vecinos, junto con los comunicadores, decidieron intervenir para salvarlo.

Sin embargo, tras difundirse el caso en redes sociales, el supuesto dueño reapareció y presentó una denuncia penal en contra de quienes participaron en el rescate, acusándolos de allanamiento de morada y asociación delictuosa.

Laura Sánchez Ley, a través de su cuenta de X, confirmó la denuncia y expresó su angustia, aunque dejó claro que no se arrepiente: “Estoy devastada y muy angustiada de que exista la posibilidad de ir a la cárcel, aún así no me arrepiento de sacarlo de ese lugar”, escribió.

El caso de Apolo refleja la tensión entre las leyes de propiedad y los esfuerzos ciudadanos por frenar el maltrato animal. Organizaciones de protección animal y usuarios en redes sociales han comenzado a mostrar su respaldo a los periodistas, reclamando que en la balanza de la justicia, la vida y el bienestar de los animales no deberían quedar en segundo plano.

Más allá de un proceso legal, la historia de Apolo reabre el debate sobre qué tan efectivas son las instituciones para proteger a los animales y qué riesgos enfrentan quienes deciden no quedarse de brazos cruzados ante un caso de crueldad.