El gobierno de Oaxaca incorporó a su cuerpo policial estatal 75 rifles semiautomáticos ARAD calibre 5.56 mm, fabricados por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI). La adquisición ocurre en un contexto internacional marcado por fuertes críticas hacia Israel por la ofensiva militar en Gaza y ha abierto un debate sobre la legitimidad de sostener acuerdos comerciales en materia armamentista con ese país.

El anuncio se realizó en un acto encabezado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp). Su titular, Karina Barón Ortiz, explicó que la compra se concretó a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), única instancia facultada para autorizar este tipo de operaciones.

Según Barón, la decisión respondió a la urgencia de sustituir equipo con más de 40 años de uso. “La Sedena nos notificó del proveedor y autorizó la compra. Estamos renovando el armamento para garantizar mayor seguridad a la población y mejores condiciones para nuestros policías”, señaló.

El contexto internacional ha dado otra lectura a la operación. Israel enfrenta señalamientos de violaciones a los derechos humanos en Gaza, lo que ha generado cuestionamientos hacia gobiernos que mantienen relaciones militares o comerciales con empresas de ese país. La firma IWI, fabricante de los rifles ARAD, ha sido identificada como uno de los principales proveedores del ejército israelí y su fundador, Samy Katsav, como beneficiario directo del gasto militar.

En Oaxaca, sectores sociales y políticos han criticado la adquisición al considerarla una contradicción con la política exterior mexicana, que ha condenado reiteradamente los ataques contra la población palestina. La falta de transparencia en torno al costo y proceso de compra ha alimentado estas voces críticas.

Mientras tanto, el gobierno estatal insiste en que la operación forma parte de un plan de modernización de la policía, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Los rifles ya fueron entregados a corporaciones estatales y se prevé que entren en operación en las próximas semanas.

Con ello, la administración oaxaqueña apuesta por fortalecer la seguridad interna, aun cuando la decisión coloca al estado en medio de una discusión mayor: la tensión entre la necesidad de modernizar sus cuerpos de seguridad y el costo político y ético de recurrir a un proveedor envuelto en una crisis humanitaria internacional.