La Iglesia La Luz del Mundo volvió a quedar fuera del alcance de la justicia en México, luego de que la Fiscalía General de la República determinara el “no ejercicio de la acción penal” en la investigación más amplia que se seguía desde 2019 contra sus líderes.

El caso apuntaba directamente a Naasón Joaquín García, así como a integrantes de su círculo cercano, por presuntos delitos como abuso sexual, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, tras casi siete años de indagatorias, la Fiscalía no presentó cargos ni explicó públicamente las razones para cerrar el expediente.

La decisión contrasta con el proceso judicial en Estados Unidos, donde Naasón Joaquín cumple una condena de casi 17 años de prisión por abuso sexual de menores y enfrenta nuevas acusaciones federales que podrían prolongar su encarcelamiento de por vida.

Denunciantes como Sóchil Martin y Sharim Guzmán calificaron la resolución como un acto de impunidad y revictimización. Ambos anunciaron que impugnarán la decisión ante un juez federal. Las víctimas sostienen que durante la investigación se entregaron testimonios y pruebas suficientes sobre abuso sexual, explotación de menores y lavado de dinero, pero que estas no fueron consideradas de forma efectiva por las autoridades.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó desde 2020 presuntos movimientos financieros irregulares, incluyendo transferencias a paraísos fiscales y la adquisición de bienes de lujo. No obstante, estas líneas de investigación también fueron archivadas.

De acuerdo con los expedientes, las autoridades mexicanas incluso mantuvieron contacto con instancias estadounidenses durante las primeras etapas del caso, cuando se buscaba robustecer las acusaciones. A pesar de ello, ninguna de las indagatorias prosperó en el país.

El cierre del caso revive cuestionamientos históricos sobre la influencia política y económica de la organización fundada por Aarón Joaquín González, cuyos líderes —incluido su hijo Samuel Joaquín Flores— han enfrentado acusaciones similares sin consecuencias legales en México.

A lo largo de décadas, exintegrantes han denunciado la existencia de un sistema de abuso y control dentro de la iglesia, así como redes de protección que han impedido el avance de procesos judiciales.

Aunque la Fiscalía mexicana dio por concluida la investigación, el proceso legal aún no está cerrado. La resolución judicial pendiente podría marcar un punto de inflexión en un caso que, para las víctimas, representa no solo la búsqueda de justicia, sino también el reconocimiento de una problemática estructural.

Mientras tanto, el contraste entre las sentencias en el extranjero y la falta de resultados en México mantiene el tema en el centro del debate sobre impunidad, acceso a la justicia y protección de víctimas.