El Pleno del Congreso del Estado de Puebla avaló, con 28 votos a favor y 7 en contra, la minuta de reforma constitucional enviada por el Congreso de la Unión para establecer la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad en elecciones federales y locales.

La LXII Legislatura poblana se suma a los estados necesarios para otorgar validez a esta modificación del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La modificación constitucional determina que una elección podrá ser anulada si se comprueba de manera objetiva la injerencia de individuos, organizaciones o gobiernos de otros países con la intención de alterar los resultados electorales.

La iniciativa responde a alertas internacionales sobre nuevas formas de manipulación que comprometen el sufragio, tales como campañas de desinformación digital, ciberataques, espionaje y financiamiento opaco. Además, la reforma prohíbe explícitamente que los extranjeros se inmiscuyan en asuntos políticos nacionales, equiparando estas acciones a violaciones del territorio o intentos de golpes de Estado.

El dictamen establece un mecanismo estricto para los casos donde se decrete la invalidez de los comicios: se convocará obligatoriamente a una elección extraordinaria y la persona que resulte sancionada o responsable de haber recibido o promovido dicha intervención quedará vetada, por lo que no podrá participar en el nuevo proceso electoral para renovar el cargo.

Durante la sesión ordinaria se desató un intenso debate entre las diferentes fuerzas políticas. Las diputadas de oposición Fedrha Isabel Suriano (Movimiento Ciudadano), Delfina Pozos (PRI) y Susana Riestra (PAN) votaron en contra al argumentar que el texto constitucional utiliza conceptos abiertos, generales y sumamente subjetivos, lo que dificultará medir con certeza el nivel de influencia extranjera.

Por su parte, las legisladoras de la mayoría oficialista, Beatriz Manrique (PVEM), María Soledad Amieva y Xel Arianna Hernández (Morena), defendieron el proyecto señalando que es una medida legítima y democrática para blindar la soberanía nacional.