Jennifer Krystel Castillo Madrid fue ratificada como nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una de las áreas más relevantes de la autoridad fiscal mexicana encargada de supervisar a las empresas que aportan la mayor parte de la recaudación federal.

La designación fue aprobada por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que la propuesta fuera enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Castillo Madrid sustituirá en el cargo a Armando Ramírez Sánchez. Su llegada ocurre en medio de una reconfiguración de áreas estratégicas vinculadas a la fiscalización y el control tributario. Especialistas en materia fiscal consideran que los recientes movimientos dentro de la administración pública federal buscan fortalecer la coordinación institucional en temas relacionados con la supervisión de contribuyentes y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Antes de incorporarse al SAT, Castillo Madrid se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. También ocupó diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México, particularmente en las áreas jurídicas y financieras.

La nueva titular de Grandes Contribuyentes acumula 18 años de experiencia en el sector público. Es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Administración Pública y formación especializada en derecho tributario, auditoría y finanzas. Actualmente cursa estudios doctorales en el área financiera.

Durante su comparecencia ante legisladores, presentó una estrategia enfocada en reducir los tiempos de respuesta de la autoridad fiscal y optimizar los procesos de fiscalización. Entre las medidas planteadas se encuentra acelerar las devoluciones de impuestos, agilizar la resolución de auditorías y consultas fiscales, así como modernizar los mecanismos de control para hacer más eficientes los procedimientos administrativos.

Asimismo, adelantó que se fortalecerán los criterios de selección de auditorías con el objetivo de concentrar las revisiones en actividades consideradas de mayor riesgo fiscal, evitando procedimientos duplicados o simultáneos sobre un mismo contribuyente.

La estrategia también contempla reducir la carga administrativa mediante requerimientos de información más precisos y limitados a documentación representativa, además de promover criterios homogéneos en las revisiones fiscales para brindar mayor certeza jurídica.

Otro de los compromisos anunciados consiste en garantizar el respeto a los plazos legales establecidos en las facultades de comprobación de la autoridad tributaria y observar los tratados internacionales vigentes para evitar casos de doble tributación.

La nueva administración también buscará fortalecer la comunicación entre el SAT y los contribuyentes mediante requerimientos más claros y procesos de atención simplificados, con el propósito de reducir tiempos de resolución y mejorar la eficiencia operativa.