La rehabilitación de la zona de juegos infantiles del Zócalo de Huejotzingo, Puebla, quedó concluida y fue inaugurada semanas antes de que el Ayuntamiento publicara oficialmente la licitación de la obra valuada en 4 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales, publicaciones del Periódico Oficial del Estado (POE) y material difundido por el propio gobierno municipal.

La administración encabezada por Roberto Solís Valles entregó la obra el 15 de diciembre de 2025; sin embargo, la convocatoria de la licitación pública nacional fue publicada hasta el 31 de diciembre de ese mismo año en el POE. Posteriormente, el fallo a favor de la empresa Grupo Inmobiliario Finter S.A. de C.V. fue emitido el 15 de enero de 2026. El contrato C.CMOP-024/HUE-024/2025 establece que los trabajos de rehabilitación debían ejecutarse entre el 20 de enero y el 18 de febrero de 2026. No obstante, videos y fotografías difundidos por el alcalde desde octubre de 2025 muestran que las estructuras de los juegos infantiles ya estaban instaladas meses antes del periodo oficial de ejecución.

En una transmisión en vivo publicada el 21 de octubre de 2025 en redes sociales, el edil recorrió el Zócalo de Huejotzingo y exhibió las nuevas áreas infantiles prácticamente terminadas, aunque aún faltaban detalles como la colocación de pasto sintético en algunas jardineras. Además, imágenes compartidas por el Ayuntamiento el día de la inauguración evidencian que la obra ya estaba completamente concluida desde diciembre de 2025, pese a que el contrato indicaba que los trabajos iniciarían hasta enero de 2026.

Tras una solicitud de información, el Ayuntamiento de Huejotzingo confirmó mediante el oficio 349/2026/S.IMAGU/GM-HUE que el contrato sí corresponde a la rehabilitación de la zona infantil y sostuvo que las fechas asentadas en el procedimiento administrativo son correctas.

La licitación fue adjudicada a Grupo Inmobiliario Finter S.A. de C.V., empresa registrada ante el Registro Público de Comercio el 10 de septiembre de 2024 en Oaxaca y con domicilio fiscal en Puebla. La compañía ganó el concurso luego de que otras dos constructoras presentaran propuestas económicas superiores. El procedimiento fue catalogado como licitación pública nacional, por lo que cada empresa participante tuvo que cubrir un pago de 5 mil 500 pesos para acceder al proceso, según consta en la edición del 31 de diciembre de 2025 del Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, en el Acta de Fallo, la Dirección de Obras Públicas del municipio señaló que la convocatoria había sido publicada el 5 de diciembre de 2025, aunque la revisión del POE de esa fecha muestra que únicamente se difundió una licitación distinta relacionada con un Centro Regional de Bienestar Animal.

Otro elemento detectado es que los informes de avances físicos y financieros de la obra no están disponibles públicamente. Los enlaces digitales proporcionados mediante Google Drive aparecen restringidos, lo que impide consultar los documentos completos. Grupo Inmobiliario Finter cuenta con un historial reducido de contratación pública. Según registros revisados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la empresa únicamente ha obtenido cuatro contratos gubernamentales, incluyendo la obra de Huejotzingo.

Dos de esos contratos corresponden al municipio de Amixtlán para rehabilitación de infraestructura urbana, mientras que otro aparece ligado a trabajos en San Andrés Cholula fechados en 2022, año previo a la constitución formal de la empresa en el Registro Público de Comercio.

La compañía también presenta inconsistencias en su sitio web institucional. La página, desarrollada en WordPress, muestra información genérica sobre misión y valores corporativos, mientras que el domicilio registrado en el portal corresponde a una dirección en San Francisco, California, identificada como “Calle Ejemplo número 123”.

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla establece que las obras públicas deben sujetarse a procesos de contratación transparentes y calendarizados, además de contar con documentación comprobatoria y seguimiento físico-financiero disponible para fiscalización pública.