La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la infiltración del Cártel de Sinaloa en estructuras municipales de Morelos, donde presuntamente financió campañas políticas y colocó funcionarios para operar con protección institucional en al menos ocho ayuntamientos de la entidad.

Las investigaciones federales derivaron en la captura de alcaldes, exfuncionarios y operadores políticos vinculados con una red criminal relacionada con delitos como extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo en la zona oriente del estado. Ulises Lara López, vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que las indagatorias identificaron la presencia del crimen organizado en municipios como Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla.

Entre las personas detenidas se encuentran:

• Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan
• Horacio “N”, secretario del Ayuntamiento de Cuautla
• Jonathan “N”, tesorero municipal de Cuautla
• Pablo “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla
• Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla
• Arisbel “N”, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

De acuerdo con las investigaciones federales, los implicados habrían sostenido reuniones con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como operador regional del Cártel de Sinaloa en Morelos y señalado por presuntamente intervenir en la designación y control de autoridades municipales.

La FGR indicó que la infiltración criminal buscaba garantizar condiciones de impunidad para las operaciones del grupo delictivo en la región, situación que coincidió con un incremento de hechos violentos en el estado durante 2024. Las investigaciones federales relacionan este esquema con delitos de extorsión, homicidio, secuestro, robo y distribución de droga, además de disputas entre grupos criminales en Morelos.

Las autoridades también vinculan esta red con ataques y agresiones ocurridas durante el proceso electoral 2023-2024, así como con asesinatos de exalcaldes registrados en años recientes en la entidad. Según la FGR, las órdenes de captura fueron resultado de labores de inteligencia, seguimiento de campo y recopilación de pruebas ministeriales integradas dentro de la estrategia nacional contra la extorsión.

El caso forma parte de las acciones federales dirigidas a combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en entidades donde los grupos delictivos buscan controlar corporaciones locales y estructuras administrativas.