El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en el centro de una nueva controversia luego de que se revelaran cambios en el acuerdo alcanzado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), los cuales incluirían protecciones legales que impedirían futuras acciones civiles y penales en su contra y la de su familia por hechos ocurridos antes de la firma del convenio.

El documento, actualizado el martes mediante un anexo, establece que el gobierno estadounidense quedaría impedido “de manera permanente” para iniciar procesos judiciales o demandas civiles contra Trump, sus dos hijos mayores, la Organización Trump y otras personas relacionadas por asuntos vinculados con la demanda contra el IRS o cualquier investigación pendiente en otras agencias federales.

La modificación provocó fuertes cuestionamientos entre especialistas legales y legisladores demócratas, quienes consideran que el acuerdo funciona como una vía indirecta para otorgar inmunidad al mandatario, ante las limitaciones constitucionales que impedirían que un presidente se conceda un indulto a sí mismo.

El pacto original había sido anunciado el lunes, cuando Trump acordó retirar una demanda por 10 mil millones de dólares contra el IRS a cambio de la creación de un fondo denominado “anti-armamento”, valuado en aproximadamente 1,800 millones de dólares. Sin embargo, la incorporación del nuevo anexo elevó la polémica debido al alcance de las protecciones jurídicas incluidas.

Diversos analistas interpretaron que la cláusula también implicaría el fin de auditorías fiscales en curso contra Trump, sus familiares y empresas, además de limitar posibles investigaciones futuras relacionadas con asuntos tributarios y otros casos civiles.

La discusión legal gira en torno a si un presidente de Estados Unidos tiene facultades para autoindultarse. Aunque no existe una resolución definitiva de la Corte Suprema sobre el tema, un memorando emitido en 1974 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, durante el escándalo Watergate, concluyó que ningún mandatario puede actuar como juez de su propio caso y otorgarse un perdón presidencial.

El acuerdo también ha sido cuestionado por el destino del fondo “anti-armamento”, ya que críticos consideran que podría utilizarse para beneficiar a aliados políticos de Trump que aleguen haber sido perseguidos por agencias federales.

La controversia se suma a los procesos judiciales y disputas legales que han marcado el regreso político de Trump rumbo al escenario electoral estadounidense.