El Poder Judicial del Estado de Puebla inició una investigación contra el juez Enrique Romero Razo, señalado por presuntas irregularidades al intentar modificar la medida cautelar de Manuel Forcelledo, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert ocurrido en 2014.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que el procedimiento contra el juzgador deriva de resoluciones recientes consideradas irregulares dentro de su desempeño en el Poder Judicial. Además, pidió al Consejo de la Judicatura transparentar los procesos de depuración relacionados con funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción.

La controversia surgió luego de que se revelara que el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Cholula autorizó el pasado 12 de mayo sustituir la prisión preventiva oficiosa de Manuel Forcelledo por arresto domiciliario con brazalete electrónico y firma periódica, aunque esta decisión fue, presuntamente, una versión falsa.

De acuerdo con los reportes, la audiencia en la que se determinó el cambio de medida cautelar no fue transmitida ni notificada a los familiares de la víctima. Tras la difusión del caso, el Consejo de la Judicatura del Estado intervino para frenar la ejecución de la resolución, evitando que el sentenciado abandonara el penal de San Pedro Cholula.

Manuel Forcelledo fue condenado a 76 años de prisión por los delitos de feminicidio, violación y aborto en agravio de Karla López Albert, caso que generó una amplia exigencia de justicia en Puebla por tratarse de uno de los feminicidios más mediáticos de la entidad.

El mandatario estatal reiteró que anteriormente ha denunciado presuntos actos de corrupción dentro del Poder Judicial, incluidos casos relacionados con despojo de bienes, y sostuvo que todos los servidores públicos deben responder por sus actos conforme a la ley.