El Gobierno federal desplegó más de mil elementos de seguridad en la región de Chilapa, Guerrero, tras la escalada de violencia atribuida a la disputa entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, conflicto que provocó desplazamientos forzados, bloqueos carreteros y personas heridas en comunidades de la montaña baja.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este martes un operativo en Chilapa acompañado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de retirar bloqueos, atender a familias desplazadas y restablecer el control en la zona.

La intervención ocurrió luego de varios días de tensión en comunidades como Alcozacán y Coatzingo, donde habitantes denunciaron agresiones armadas y el abandono de viviendas ante el riesgo por enfrentamientos entre grupos delictivos.

Como parte de la estrategia de seguridad, autoridades federales y estatales instalaron un Centro de Mando en Chilpancingo, coordinado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el reporte oficial, fueron desplegados 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, además de 400 integrantes de la Guardia Nacional en 50 unidades y 200 policías estatales apoyados por 34 patrullas.

El operativo también incluyó cinco helicópteros, ambulancias y personal médico para atender a la población afectada por la violencia registrada en la región. Las autoridades informaron que 120 personas desplazadas solicitaron permanecer en sus comunidades en lugar de ser trasladadas a refugios temporales, por lo que recibieron colchonetas, cobertores, generadores eléctricos, insumos básicos y atención médica.

Asimismo, seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales del IMSS-Bienestar para recibir atención especializada. Las fuerzas de seguridad también liberaron la carretera estatal Chilapa de Álvarez–José Joaquín de Herrera, así como caminos secundarios que permanecían bloqueados desde días atrás.

La crisis de violencia en la montaña baja de Guerrero ocurre en medio de denuncias realizadas por organizaciones indígenas y pobladores que han acusado ataques armados, desplazamientos masivos y presunta presencia de grupos criminales en comunidades de la región.