Las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan continúan revelando presuntos vínculos entre integrantes de corporaciones de seguridad y grupos criminales. Autoridades de Michoacán informaron la detención de un policía estatal en activo y un exagente ministerial, señalados por presuntamente filtrar información sensible relacionada con el caso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ambos detenidos habrían proporcionado datos estratégicos a una célula criminal vinculada con la investigación del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Las capturas se realizaron los días 21 y 22 de mayo. Uno de los detenidos es un exservidor público adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan, mientras que el segundo se desempeñaba como elemento activo de la Guardia Civil estatal.

Las indagatorias apuntan a que ambos mantenían comunicación con Wendy Fabiola “N”, identificada con el alias de “La Tía”, presunta integrante de la estructura criminal investigada por el caso. Según las autoridades, los implicados compartían información relacionada con órdenes de aprehensión, avances de las investigaciones y otros datos considerados reservados.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación apócrifa, un vehículo y otros objetos que serán integrados a las carpetas de investigación.

Además de la presunta filtración de información oficial, las pesquisas señalan que uno de los detenidos habría facilitado imágenes y datos relacionados con armamento que presuntamente podía ser adquirido por integrantes de la organización criminal.

La Fiscalía estatal informó que, hasta el momento, suman 24 personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del alcalde de Uruapan, además de tres presuntos involucrados que fallecieron durante las acciones operativas vinculadas al caso.

El avance de las investigaciones también ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de control interno y supervisión dentro de las instituciones de seguridad, debido a la presunta participación de funcionarios y exfuncionarios en actividades relacionadas con organizaciones criminales.