Autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado, según una investigación publicada por el diario Los Angeles Times.

De acuerdo con el reporte, ambos mandatarios estatales forman parte de indagatorias federales estadounidenses que también habrían derivado en la revocación de sus visas de ingreso a territorio norteamericano. La publicación señala que las pesquisas se desarrollan en el contexto de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para ampliar las investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos mexicanos y organizaciones criminales.

La investigación se suma a los procesos judiciales abiertos previamente en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según la información difundida, las autoridades estadounidenses investigan a Durazo por presuntos nexos con organizaciones criminales, mientras que el caso de Villarreal estaría relacionado con una red de contrabando de combustible, conocida en México como huachicol. El reportaje también sostiene que ambos han continuado ingresando a Estados Unidos mediante un mecanismo migratorio especial denominado “Significant Public Benefit Parole”, utilizado en determinados casos de cooperación con autoridades federales.

Tras la publicación, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las acusaciones. En ambos casos, las áreas de comunicación social señalaron que no existe notificación oficial de investigación alguna por parte de autoridades estadounidenses y negaron que los gobernadores hayan perdido sus visas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los mandatarios estatales deberán aclarar los señalamientos y cuestionó la difusión pública de información relacionada con presuntas investigaciones, al considerar que no se han presentado elementos oficiales que confirmen los señalamientos.

Hasta el momento, ninguna dependencia del gobierno de Estados Unidos ha hecho pública documentación oficial que confirme las investigaciones o la supuesta revocación de visas mencionadas en el reportaje.