Maru Campos convierte comparecencia ante la FGR en acto político respaldado por el PAN
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad de México en medio de la investigación federal relacionada con la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en abril en la Sierra Tarahumara.
La mandataria estatal llegó acompañada por dirigentes nacionales y legisladores del Partido Acción Nacional, entre ellos Jorge Romero Herrera, Ricardo Anaya y Elías Lixa, quienes respaldaron públicamente a la gobernadora y acusaron una presunta persecución política en su contra.
La comparecencia forma parte de la investigación abierta por la FGR tras un operativo realizado el 18 de abril en la Sierra Tarahumara, donde fueron desmanteladas instalaciones utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas y posteriormente murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos en un accidente vehicular.
Aunque originalmente el citatorio estaba programado para cumplirse en Ciudad Juárez, la gobernadora decidió trasladarse a la capital del país para atender el requerimiento ministerial. La defensa jurídica de Campos sostuvo que el oficio presenta irregularidades y argumentó que la mandataria cuenta con fuero constitucional, por lo que no estaría obligada a comparecer en los términos planteados por la autoridad federal.
La tensión política aumentó luego de que legisladores de Morena promovieran una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, al considerar que la posible participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad podría constituir una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con información difundida por diversos medios nacionales, la FGR también ha tomado declaración a decenas de agentes estatales que participaron en el operativo y mantiene abierta una línea de investigación para determinar si existió autorización formal para la presencia de personal estadounidense en territorio mexicano.
El caso ha escalado a un enfrentamiento político entre Morena y el PAN, en un contexto marcado por las movilizaciones partidistas rumbo a los procesos electorales de 2027 y por el debate sobre la cooperación entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos.



