Fidel Ortiz Barragán, exdirector general de Resguardo Parlamentario del Senado, enfrenta una denuncia penal por presunto abuso sexual agravado y acoso sexual presentada por una trabajadora subordinada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), según reveló un reportaje de Excélsior.

La denuncia fue integrada en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-2/UI-FDS-2-03/01334/12-2023, iniciada el 11 de diciembre de 2023 por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. De acuerdo con el expediente, la víctima denunció conductas de hostigamiento, tocamientos y presuntas agresiones ocurridas dentro de oficinas del área de Resguardo Parlamentario en el Senado de la República.

Según el testimonio contenido en la investigación, la denunciante señaló que las agresiones ocurrieron de manera reiterada entre julio de 2022 y septiembre de 2023. El documento refiere que Ortiz Barragán presuntamente utilizaba su posición jerárquica para ejercer presión laboral y mantener contacto físico no consentido con la trabajadora.

La carpeta también incluye señalamientos sobre un presunto intento de agresión sexual dentro de una oficina que contaba con un área de descanso. La denunciante indicó que logró salir del lugar tras resistirse a la agresión.

El caso tomó relevancia pública luego de que se informara que agentes de investigación de Michoacán acudieron en mayo al Senado para intentar cumplimentar una orden de aprehensión contra el exfuncionario por hechos relacionados con un operativo ocurrido en 2017 en la comunidad de Arantepacua, Michoacán, donde murieron cuatro personas.

Tras darse a conocer estos hechos, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, informó a coordinadores parlamentarios que Fidel Ortiz presentó su renuncia el pasado 20 de mayo. De acuerdo con legisladores presentes en la reunión privada de la Jucopo,

Mier señaló que ya existían diversas inconformidades relacionadas con el desempeño del área de Resguardo Parlamentario, incluyendo quejas de senadores, periodistas y visitantes por presuntos malos tratos. El caso ocurre en medio de un contexto de creciente atención pública sobre denuncias de violencia y acoso laboral dentro de instituciones gubernamentales y órganos legislativos en México.