La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que el gobierno estatal iniciará un proceso político para restablecer la gobernabilidad en los municipios afectados, luego de las detenciones y órdenes de captura ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos nexos con el crimen organizado.

Las investigaciones son encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que ejecutó seis órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios relacionados con ayuntamientos de la región oriente del estado.

Entre los señalados se encuentra el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; además de funcionarios de Cuautla como Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal, y Horacio Zavaleta, exoficial mayor. También fue detenido Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, junto con Arisbel Rubí Vázquez, consejera estatal de Morena.

El alcalde de Cuautla permanece prófugo, mientras las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones sobre una presunta red de protección institucional al Cártel de Sinaloa en distintos municipios de Morelos.

Ante este panorama, el gobierno estatal adelantó que las síndicas municipales asumirán provisionalmente las funciones de las presidencias municipales, mientras el Ejecutivo envía ternas al Congreso local para la designación de alcaldes sustitutos.

La mandataria estatal también respaldó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplicar exámenes de control y confianza a actores políticos y funcionarios públicos, como parte de las medidas para frenar la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.

De manera paralela, algunos de los implicados promovieron recursos legales. Un juzgado federal concedió suspensiones provisionales a Agustín Toledano Amaro, Arisbel Rubí Vázquez, Jonathan Espinoza Salinas y Horacio Zavaleta para evitar actos de incomunicación, desaparición forzada o una eventual extradición a Estados Unidos mientras avanzan los procesos judiciales.

El caso representa uno de los golpes más importantes contra presuntas redes de infiltración criminal en gobiernos municipales de Morelos y ocurre en medio de investigaciones federales sobre financiamiento ilegal de campañas políticas y protección institucional al narcotráfico.