La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a Blanca Yaneth Chiu López, luego de que el Congreso local aprobara su desafuero por una investigación relacionada con presunta extorsión agravada.

De acuerdo con las autoridades estatales, la entonces presidenta municipal de Jiquipilas es señalada por presuntamente exigir un millón de pesos a la empresa Avimarca S.A. de C.V. a cambio de permitir su instalación dentro del municipio. La investigación también involucra a Guadalupe “N”, directora de Obras Públicas de Jiquipilas, contra quien igualmente se emitió una orden de aprehensión por el mismo delito.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las solicitudes de declaratoria de procedencia fueron presentadas ante el Congreso de Chiapas horas antes de concretarse las detenciones. Tras la aprobación legislativa, agentes de investigación ejecutaron las órdenes judiciales y las exfuncionarias enfrentarán el proceso penal bajo prisión preventiva.

Como parte de la reestructuración política derivada del caso, el Congreso estatal designó a Benérita Vela Avendaño como presidenta municipal sustituta de Jiquipilas para mantener la gobernabilidad en el ayuntamiento.

Paralelamente, la Fiscalía de Chiapas también ejecutó órdenes de aprehensión contra seis integrantes del Cabildo de Ocozocoautla por presunta extorsión agravada. Entre los detenidos se encuentran la síndica Elsa Ruiz Hernández y los regidores René Alberto Pimentel, Sara Cruz, Amílcar Díaz, Juan Fernando Jiménez y Olivia Espinosa.

Las investigaciones señalan que los funcionarios habrían solicitado pagos sistemáticos a la alcaldesa de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, presuntamente a cambio de aprobar proyectos y obras municipales.

Ante la ausencia de integrantes del Cabildo, el Poder Legislativo local tomó protesta a Virginia del Carmen Lanirraga Morales y Celia Rodríguez Sánchez para cubrir las vacantes y garantizar el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento.

La Fiscalía estatal indicó además que mantiene abiertas carpetas de investigación contra servidores públicos de al menos otros 10 municipios de Chiapas por posibles actos de corrupción y extorsión.