El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó que el gobierno de Venezuela pague los gastos legales del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se emitieron licencias especiales para que sus abogados reciban fondos públicos venezolanos, superando así las sanciones que anteriormente impedían costear su defensa en el juicio por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.

De acuerdo con un documento enviado por el fiscal Jay Clayton al juez Alvin Hellerstein, la licencia enmendada permite que los abogados defensores, encabezados por Barry Pollack, reciban pagos del Estado venezolano bajo condiciones específicas: los fondos deben estar disponibles con fecha posterior al 5 de marzo de 2026 y no pueden provenir de fondos de depósito de gobiernos extranjeros; esta medida levanta parcialmente las sanciones que anteriormente impedían el uso de recursos públicos para la defensa de los acusados.

A cambio de esta autorización, el equipo legal de Maduro acordó retirar la petición de cancelación del proceso penal que habían interpuesto ante la falta de recursos para financiar la defensa. Con la resolución del conflicto financiero, las partes han solicitado al tribunal programar una audiencia en un plazo de 60 días para avanzar en la revisión de pruebas y los preparativos del juicio.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen encarcelados en Nueva York, donde se han declarado “no culpables” de los cargos de narcotráfico, corrupción y conspiración para presuntamente introducir cocaína a Estados Unidos.