La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto emitido en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir los terrenos del Lago de Texcoco en Área Natural Protegida, con lo que rechazó otorgar un amparo promovido por ejidatarios de San Salvador Atenco.

Durante la sesión, el pleno determinó —con ocho ministros presentes— que no se vulneró el derecho de audiencia de los inconformes, al considerar que fueron notificados previamente y tuvieron oportunidad de presentar pruebas y argumentos antes de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El proyecto fue respaldado por la mayoría del pleno, aunque incluyó posturas diferenciadas sobre el alcance del derecho de consulta. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que en este caso existió un ejercicio de diálogo con comunidades, aunque planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de participación para pueblos indígenas en decisiones de este tipo.

La resolución también retomó el contexto histórico de conflictos en la región, particularmente en San Salvador Atenco, donde en administraciones anteriores se registraron enfrentamientos sociales por proyectos de infraestructura vinculados al aeropuerto.

En contraste, el ministro Giovanni Figueroa Mejía cuestionó la consistencia del criterio, al señalar que se reconocieron posibles afectaciones al derecho de audiencia, pero aun así se negó el amparo, lo que consideró contradictorio frente a precedentes recientes.

Por su parte, la ministra Lenia Batres indicó que la declaratoria de Área Natural Protegida no implica la prohibición total del uso de la tierra, ya que permite actividades productivas como agricultura y ganadería bajo ciertos lineamientos.

El decreto avalado forma parte de la política ambiental impulsada tras la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y establece un esquema de protección ecológica en la zona, considerada clave para el equilibrio hídrico del Valle de México.