El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó reformas constitucionales que permiten imponer cadena perpetua a menores de edad —a partir de los 12 años— y adultos por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.

Las modificaciones fueron aprobadas previamente por la Asamblea Legislativa de El Salvador y establecen que la pena aplicará tanto a autores materiales como a cómplices. Además, contemplan revisiones obligatorias de la condena con base en la edad del sentenciado, el número de delitos cometidos y la presencia de agravantes.

Como parte de las reformas, también se determinó la creación de nuevos juzgados de lo criminal, que entrarán en funciones el 26 de abril. Estos tribunales estarán facultados para evaluar periódicamente la situación de las personas condenadas a cadena perpetua y determinar, en su caso, un régimen de libertad controlada.

La normativa fija revisiones cada cinco años una vez cumplidos ciertos periodos mínimos de prisión: 25 años para menores, 30 para adultos, 35 en casos de múltiples delitos y hasta 40 años cuando existan agravantes.

Antes de estos cambios, la legislación penal juvenil establecía penas máximas de hasta 20 años de prisión para adolescentes de 16 años y hasta 10 años para quienes tenían 12 años cumplidos, incluso en casos relacionados con pandillas.

Las reformas se enmarcan en la estrategia de seguridad implementada desde 2022, cuando el gobierno decretó un régimen de excepción tras un repunte de violencia. Desde entonces, se han realizado decenas de miles de detenciones, en un contexto que ha sido señalado por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por posibles violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con datos oficiales, más de 90 mil personas han sido detenidas bajo este esquema, mientras que miles han sido liberadas posteriormente. Las reformas también se suman a otros cambios constitucionales impulsados en años recientes, incluidos aquellos relacionados con la reelección presidencial.