La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un comité de especialistas de alto nivel encargado de evaluar el uso de la fracturación hidráulica (fracking) en territorio nacional. El objetivo de este grupo multidisciplinario es emitir una orientación técnica en un plazo de dos meses sobre la factibilidad de explotar yacimientos no convencionales, principalmente en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

Sheinbaum explicó que la dependencia actual del 75% del gas natural importado de Estados Unidos obliga a analizar alternativas para fortalecer la seguridad energética del país. No obstante, subrayó que cualquier implementación futura no solo dependerá del dictamen técnico, sino de un proceso de consulta con las comunidades involucradas, asegurando que no se vulnerarán los derechos de los pueblos ni el equilibrio ecológico.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que el comité está integrado por 11 académicos y expertos de instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Entre los especialistas destacan figuras como Blanca Jiménez Cisneros, experta mundial en temas hídricos; Elena Centeno García, investigadora de la UNAM en evolución geológica; y Rosa María Hernández Medrano, jefa de Ingeniería Petrolera del IPN. El grupo abordará el análisis desde diversas aristas, incluyendo la geología, la química de fluidos, el modelado de yacimientos y, de manera central, el tratamiento y reuso de agua en circuitos cerrados para proteger las cuencas en zonas áridas.

Previo al anuncio, la Alianza Mexicana Contra el Fracking alertó sobre una posible “simulación” por parte del Gobierno Federal para legitimar una decisión ya tomada; el colectivo de organizaciones y comunidades señaló que la discusión no debe reducirse a un enfoque meramente tecnocrático o de “maquillaje tecnológico”, ya que el uso de esta técnica implica decisiones políticas, territoriales y de derechos humanos fundamentales.

La Alianza sostuvo que dos décadas de evidencia científica internacional demuestran que no existe un “fracking sustentable”, debido a sus impactos irreversibles en la salud, la disponibilidad de agua y el clima. Asimismo, acusó que la conformación de un comité cerrado busca “despolitizar” una práctica que contradice los compromisos previos de no permitir esta técnica en México, advirtiendo que prolongar la dependencia de los combustibles fósiles retrasa una transición energética real y justa para el país.