La Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró al Congreso del Estado de Puebla la obligación de legislar en materia de identidad de género para menores de edad, una deuda pendiente desde 2023 derivada de una resolución judicial que aún no ha sido cumplida.

El máximo tribunal del país solicitó a los legisladores locales avanzar en la creación de un procedimiento que permita a niñas, niños y adolescentes modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad autopercibida, con el fin de garantizar el acceso a sus derechos sin discriminación.

Como parte del seguimiento al caso, la Corte advirtió que, de mantenerse la omisión legislativa, podrían imponerse sanciones económicas directas a integrantes del Poder Legislativo estatal. Estas medidas podrían alcanzar a funcionarios clave dentro del Congreso, quienes enfrentarían multas aplicadas a su patrimonio personal.

El requerimiento establece que, una vez iniciado el próximo periodo ordinario de sesiones —previsto para mediados de mayo—, el Congreso tendrá un plazo de 10 días para informar sobre los avances en la elaboración de esta normativa.

El exhorto forma parte del cumplimiento de una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, mecanismo mediante el cual se pueden invalidar normas que vulneren derechos establecidos en la Constitución.

De acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reconocimiento de la identidad de género ha sido considerado un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad, protegido por la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales.Sin embargo, en Puebla el tema continúa sin resolverse, pese a múltiples llamados judiciales, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Poder Legislativo local.