La nueva legislación en materia hídrica impulsada por el gobierno federal plantea eliminar los esquemas que durante años permitieron la concentración y comercialización del agua en México, con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo al recurso.

Uno de los cambios centrales de la reforma es la eliminación de la transmisión de derechos entre particulares, mecanismo que anteriormente permitía transferir concesiones, especialmente aquellas destinadas al uso agrícola, hacia otros fines con fines lucrativos.

De acuerdo con el planteamiento oficial, esta práctica facilitaba que concesiones otorgadas sin costo para actividades productivas fueran revendidas, generando beneficios económicos privados y distorsionando el uso original del recurso.

Como parte de los primeros efectos de la reforma, se contempla la entrega directa de derechos de explotación del agua a municipios de Baja California, los cuales anteriormente dependían de intermediarios para acceder al recurso. Bajo el nuevo esquema, la asignación se realizará a través de la Comisión Nacional del Agua, eliminando pagos a terceros.

La reforma también incorpora medidas para reforzar la supervisión del uso de aguas nacionales, incluyendo la eliminación de cambios de uso irregulares y mayores facultades regulatorias para la autoridad.

Asimismo, se reconoce formalmente a los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas, integrándolos dentro del marco legal como actores en la gestión del recurso hídrico.

En cuanto a irregularidades detectadas bajo el esquema previo, se han identificado concesiones y registros inconsistentes en distintos acuíferos del país, lo que ha evidenciado la necesidad de actualizar el marco normativo.

Con estos ajustes, el nuevo modelo busca priorizar el uso público del agua, fortalecer su administración y avanzar hacia un esquema que limite su concentración, en un contexto marcado por la presión hídrica en diversas regiones del país.