Un juez federal de distrito en Estados Unidos declaró ilegal la política de la administración de Donald Trump que permitía la deportación acelerada de migrantes hacia terceros países sin garantizarles una oportunidad significativa para expresar temores de persecución o tortura.

La resolución fue emitida por el juez Brian Murphy, en Boston, quien determinó que la medida impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos debía ser anulada. No obstante, el fallo fue suspendido por 15 días para permitir que el Gobierno presente un recurso de apelación, en consideración a la relevancia y complejidad del caso.

El magistrado recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos ya había intervenido en etapas previas del litigio, primero levantando una orden preliminar que protegía derechos procesales de migrantes y después autorizando la deportación de ocho personas a Sudán del Sur.

La política, formalizada en un memorándum de marzo y en lineamientos publicados en julio, permitía trasladar a migrantes con órdenes finales de expulsión a países distintos de los señalados originalmente en sus procesos judiciales. El mecanismo se sustentaba en garantías diplomáticas sobre la no persecución o tortura, y en algunos casos contemplaba avisos con apenas seis horas de anticipación antes del traslado.

La demanda colectiva que derivó en el fallo fue presentada en representación de personas que enfrentaban deportaciones hacia países como Libia, Sudán del Sur y El Salvador, que no figuraban en sus órdenes iniciales.

Durante su vigencia, la política generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos por el riesgo de enviar migrantes a contextos de violencia sin una revisión exhaustiva de sus casos.

En paralelo, la estrategia migratoria del segundo mandato de Trump ha buscado acelerar procesos de expulsión mediante traslados rápidos a centros de detención y repatriaciones sin litigios prolongados en cortes migratorias.

Datos oficiales muestran que entre enero y febrero de 2025 el promedio de mexicanos deportados fue de 421 por día, cifra inferior a los 565 diarios registrados en el último año de la administración de Joe Biden, lo que refleja los desafíos operativos y judiciales que enfrenta la implementación de deportaciones masivas.

El fallo del juez Murphy abre una nueva etapa en la disputa legal que, previsiblemente, podría regresar a la Corte Suprema para una definición definitiva.