En el sur de la ciudad de Puebla se ha identificado un creciente problema relacionado con prácticas de préstamos informales conocidas como “montadeudas”, en las cuales los deudores enfrentan cobros abusivos, intereses desproporcionados y, en muchos casos, intimidación para exigir pagos, según han advertido autoridades y especialistas en temas de fraude financiero.

Este tipo de estafa se presenta cuando personas o plataformas ofrecen préstamos aparentemente fáciles y rápidos sin requisitos formales, pero imponen condiciones que vuelven las deudas prácticamente imposibles de pagar. En este esquema, los cobradores a menudo recurren a amenazas, hostigamiento e incluso extorsión para recuperar dinero, tal como se ha documentado en casos vinculados a aplicaciones de préstamos exprés que operan fuera del marco legal.

Organismos como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México han reportado un incremento de más del 30 % en denuncias relacionadas con estos préstamos fraudulentos en temporadas como la llamada “cuesta de enero”, y han identificado más de 300 aplicaciones vinculadas a este tipo de fraude en el país.

Ante la problemática en Puebla, se presentó una iniciativa para reformar el artículo 406 del Código Penal estatal y tipificar como delito el fraude por usura excesiva —denominado “montadeudas”—, con el objetivo de sancionar con penas de siete a 10 años de prisión y multas de hasta mil días de salario mínimo a quienes ofrezcan o gestionen préstamos bajo condiciones abusivas o engañosas, del diputado por el PT, José Luis Figueroa.

La reforma busca dotar a las autoridades de herramientas legales más claras para enfrentar este tipo de fraudes, que afectan de manera directa a pequeños comerciantes y personas con acceso limitado a servicios financieros formales, y que han generado temor entre las víctimas para presentar denuncias por posibles represalias.