Después de más de tres años de procesos judiciales, aplazamientos y recursos legales, un tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla determinó que Javier López Zavala es culpable del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.

La resolución fue emitida el 23 de diciembre de 2025 al término de la audiencia correspondiente, en la que el tribunal consideró que hay elementos suficientes para acreditar la autoría intelectual de López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, en el ataque armado que terminó con la vida de Monzón mientras circulaba en su camioneta.

Además de López Zavala, el tribunal declaró culpables a dos cómplices identificados como Jair N. y Silvestre N., quienes son señalados como los autores materiales del feminicidio; ambos participaron directamente en el ataque desde una motocicleta.

El caso, que trascendió por su complejidad y por la presión social de colectivos feministas y activistas de derechos humanos, ha expuesto las dificultades en el sistema judicial mexicano para procesar crímenes por violencia de género y ha sido visto como un punto de inflexión para la exigencia de justicia en casos similares.

Aunque aún está pendiente la individualización de las penas, los fiscales han solicitado que López Zavala y los responsables materiales reciban las máximas sanciones previstas por el Código Penal del estado de Puebla, que pueden incluir decenas de años de prisión. La familia de la víctima había solicitado que se imponga una pena de hasta 60 años de prisión para el autor intelectual, conforme a lo establecido en la legislación local.

El feminicidio de Monzón, quien además de su labor profesional había denunciado violencia familiar y litigado por la pensión alimentaria en contra de López Zavala, conmocionó a la sociedad poblana y nacional, y catalizó demandas de reformas legales en materia de violencia de género.

El feminicidio de Monzón motivó iniciativas legislativas tanto en Puebla como en otras entidades, como la denominada “Ley Monzón”, que busca que padres sentenciados por feminicidio pierdan la patria potestad de sus hijos, una reforma adoptada en varios congresos locales desde 2023.