El informe Latinobarómetro 2024 ofrece una mirada profunda sobre la resiliencia democrática en América Latina, destacando avances, retrocesos y tensiones estructurales que moldean las realidades nacionales.

En este contexto, México se encuentra en una encrucijada donde convergen el optimismo ciudadano, la persistente desigualdad y los desafíos de seguridad pública. Desde las Antípodas examinaremos tres dinámicas clave para situar a México en el panorama regional y señalar rutas posibles hacia el fortalecimiento de su democracia.

México sobresale como uno de los países más optimistas de América Latina en términos económicos, con un 59% de sus ciudadanos esperando una mejora en su situación personal para los próximos 12 meses, superando el promedio regional del 52%. Solo República Dominicana y Panamá registran niveles superiores, con 74%. Sin embargo, esta percepción contrasta con las evaluaciones sobre la economía nacional, donde apenas el 30% de los mexicanos la considera en buen estado, un dato similar al de Uruguay (33%) y significativamente superior al de países como Bolivia (2%) o Argentina (37%).

Esta paradoja, que el informe denomina “presión de expectativas”, plantea retos significativos para la clase política mexicana. A diferencia de países donde el optimismo personal se acompaña de una visión más positiva de la economía nacional, en México persiste una desconexión que podría derivar en descontento social si las percepciones individuales no se reflejan en avances visibles en indicadores macroeconómicos.

Esta tensión demanda políticas públicas que no solo respondan al bienestar personal, sino que actúen sobre los factores estructurales que frenan el desarrollo económico nacional, como la informalidad laboral y la dependencia fiscal de ingresos petroleros.

A nivel regional, el informe destaca que la desigualdad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática, incluso en países con avances en reducción de pobreza y fortalecimiento de clases medias. México, a pesar de ser la segunda economía más grande de América Latina, comparte con sus vecinos esta problemática. Según datos complementarios del Banco Mundial, mientras la pobreza extrema ha disminuido en la última década, el coeficiente de Gini —indicador de desigualdad— se mantiene alto, en torno a 0.43, ubicándose entre los peores de la región junto con Brasil y Colombia.

En contraste, Uruguay destaca por ser el país con menores índices de desigualdad, respaldado por políticas redistributivas sostenidas y sistemas de bienestar inclusivos. A diferencia de los avances en Uruguay, la debilidad institucional en México limita su capacidad de aplicar reformas redistributivas efectivas, perpetuando una percepción de injusticia que socava la confianza ciudadana en el sistema democrático.

El caso de Perú, con constantes crisis presidenciales y descontento ciudadano, ilustra cómo la desigualdad, combinada con la debilidad institucional, puede detonar una inestabilidad que amenaza con perpetuar ciclos de crisis. México debe observar con atención estos casos y priorizar políticas que no solo reduzcan la pobreza, sino que también ataquen las raíces de la desigualdad.

El informe también subraya cómo la inseguridad, un problema compartido por gran parte de América Latina, puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas y abrir la puerta a modelos autoritarios. El caso de El Salvador es paradigmático: bajo el liderazgo de Nayib Bukele, la violencia ha disminuido drásticamente, pero al costo de violaciones flagrantes a los derechos humanos y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Su reelección, en 2024, con un respaldo popular del 85%, plantea preguntas inquietantes sobre el equilibrio entre seguridad y democracia.

En México, la inseguridad continúa siendo uno de los problemas más apremiantes, con tasas de homicidio que, aunque han disminuido ligeramente, siguen siendo de las más altas de la región.

A diferencia de El Salvador, México ha evitado medidas abiertamente autoritarias, pero el fortalecimiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública plantea desafíos a largo plazo para la gobernanza democrática. Países como Chile, que enfrentan problemas de seguridad más acotados, han optado por modelos basados en la profesionalización policial y la integración de estrategias de prevención comunitaria, ofreciendo un contraste con las soluciones militarizadas predominantes en México.

La lección más relevante de El Salvador para México es el riesgo de sacrificar libertades democráticas en nombre de la seguridad. En un país donde la confianza en las instituciones es baja, cualquier desliz hacia el autoritarismo podría comprometer los avances democráticos logrados desde la transición de finales del siglo XX.

El Latinobarómetro 2024 ofrece un espejo donde México puede ver reflejados tanto sus fortalezas como sus debilidades en comparación con sus pares regionales. Mientras que el optimismo económico y la resiliencia democrática son signos positivos, las tensiones estructurales en desigualdad y seguridad demandan una respuesta estratégica. México tiene la oportunidad de liderar una nueva etapa de consolidación democrática en América Latina, pero esto requerirá enfrentar con decisión las barreras estructurales que limitan su desarrollo y, sobre todo, mantener un compromiso inquebrantable con los valores democráticos.

Desde las Antípodas, visibilizaremos aquellas iniciativas que busquen el refacultamiento ciudadano. Hasta la próxima semana.

@ojedapepe

Editor: Fabián Sánchez