La administración estatal promoverá una iniciativa legislativa para regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a los teléfonos celulares, con el fin de proteger su salud mental y desarrollo neurológico; como primer paso de esta estrategia, el gobernador Alejandro Armenta instruyó a la Consejería Jurídica y al coordinación de Gabinete a organizar foros de consulta y visitas a escuelas en todo el estado para incorporar las voces de padres de familia, docentes, especialistas en educación infantil, psicólogos y psiquiatras en la construcción de este marco normativo.

Armenta declaró que el cerebro infantil sigue un ritmo de maduración que debe respetarse, advirtiendo que la exposición anticipada y sin restricciones a dispositivos móviles puede detonar afectaciones neurológicas y conductas psicosociales de riesgo. El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que el objetivo de la ley es “establecer límites claros” que eviten el contacto de los menores con contenidos inapropiados y mitiguen factores como el estrés y el sedentarismo, factores que inciden directamente en el bienestar integral de la niñez poblana.

El gobernador reconoció que la propuesta podría generar debate respecto a la posible limitación de derechos; sin embargo, sostuvo que la prioridad de la legislación es atender fenómenos sociales desde un enfoque preventivo y científico. En este sentido, hizo un llamado formal al Congreso local y a las organizaciones de la sociedad civil para sumarse al análisis de la propuesta, buscando definir una edad mínima adecuada y lineamientos de uso que garanticen que la tecnología sea una herramienta de desarrollo y no un factor de riesgo para las nuevas generaciones.

Finalmente, el mandatario recalcó que esta iniciativa no busca prohibir el uso de la tecnología de manera arbitraria, sino generar estrategias responsables avaladas por la academia y la comunidad educativa. Con la puesta en marcha de estos foros, el Gobierno de Puebla pretende generar una ley con rigor técnico que responda a las demandas de salud pública y seguridad digital, posicionando al estado como un referente en la protección de los derechos de la infancia frente a los desafíos que plantea el entorno tecnológico actual.