La crisis política y de seguridad en Acatlán de Osorio escaló drásticamente en las últimas horas. Elementos de la Policía Estatal, incluyendo un grupo de antimotines, desplegaron un operativo la mañana de este miércoles para recuperar las instalaciones de la presidencia municipal.

El inmueble permanecía tomado desde el lunes por unos manifestantes, siete regidores y el síndico municipal; el desalojo se concretó sin enfrentamientos y las fuerzas del orden custodian las escalinatas del palacio para evitar una nueva ocupación por parte de los inconformes, quienes usaban la sede para recolectar firmas y exigir la destitución de la alcaldesa morenista, Guadalupe Lucero Bárcenas.

A la par de este conflicto político, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que la presidenta municipal ya cuenta con medidas de protección y seguridad personal por parte del gobierno del estado. Esta determinación se tomó luego de que la funcionaria interpusiera denuncias formales por amenazas directas en su contra. Ella atribuye estas intimidaciones a la célula delictiva de “Los Rojos”, que históricamente disputa esta región estratégica colindante con Guerrero y Oaxaca.

El trasfondo del conflicto interno estalló hace una semana, cuando la mayoría de los regidores aprobó un acuerdo para destituir a Lucero Bárcenas, acusándola de presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos de obra pública. También señalaron al secretario de Seguridad Pública local, Juan Alberto Domínguez López, por supuestas intimidaciones en el Cabildo.

Sin embargo, los esfuerzos de mediación estatal han fracasado; una comitiva de la Segob, la Fiscalía General del Estado (FGE), la SSP y Derechos Humanos esperó por más de ocho horas en las instalaciones de la Guardia Nacional, pero los regidores se negaron a asistir porque exigían que la reunión fuera obligatoriamente dentro de la presidencia municipal.

Tras ser desalojados del palacio municipal, los manifestantes y los regidores opositores aún no definen cuál será su nueva ruta de protesta. No obstante, existe el riesgo latente de que el conflicto afecte a terceros, ya que los inconformes amagaron previamente con escalar sus acciones mediante bloqueos en las principales carreteras de la región de la Mixteca si sus demandas no son atendidas.

Por su parte, la Segob estatal aseguró que actuará con total neutralidad para conciliar el problema político, advirtiendo que se aplicará la ley con firmeza si se comprueban responsabilidades legales de cualquiera de las partes, pues “no hay vacíos de poder” en el municipio.