El Consejo de la Judicatura de Puebla informó que durante 2026 se han consolidado siete sanciones contra servidores públicos del Poder Judicial del Estado, entre ellas inhabilitaciones y suspensiones a jueces, secretarios y personal operativo por anomalías administrativas graves.

El presidente del organismo, Pedro Antonio Martínez Hernández, explicó que las medidas derivan de un programa permanente de supervisión en los distintos distritos judiciales, así como de la atención a denuncias ciudadanas presentadas ante la Oficialía Común por presuntos actos de corrupción. “Analizamos cada una de las quejas, les damos trámite… hacemos la valoración, turnamos al órgano interno de control para, posteriormente, que las quejas regresen al pleno del Consejo y determinar alguna sanción”, señaló.

Detalló que entre los siete servidores públicos sancionados se encuentran jueces de primera instancia, auxiliares de sala, jefes de causa y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar, luego de comprobarse conductas contrarias a la legalidad. “En este año tenemos algunos jueces inhabilitados, otros suspendidos. Hemos sancionado también a algunos auxiliares, jefes de causa y psicólogos del Centro de Convivencia Familiar por detectar algunas irregularidades”, indicó.

Martínez Hernández recordó que las acciones de depuración comenzaron desde febrero pasado con la destitución del juez penal Aarón Hernández Chino por presuntas anomalías en casos de alto impacto. También se realizaron más de 120 cambios de adscripción dentro del Poder Judicial para combatir redes de influencia y prácticas irregulares.

Entre los casos mencionados destaca la inhabilitación de Sandra Lucía Pérez Iturriaga, conocida como la “Jueza Fiestera”, quien fue removida de Tecamachalco tras ordenar la cancelación ilegal de un embargo. Asimismo, se encuentra el caso del exjuez de Camocuautla, Jesús Galindo, investigado penalmente por presunto tráfico de personas relacionado con la tramitación de pasaportes para menores.

El presidente del Consejo de la Judicatura añadió que las labores de supervisión también permitieron detectar y desarticular presuntas redes de extorsión en la capital poblana, donde personal administrativo fue suspendido por exigir depósitos económicos para agilizar trámites familiares.