La presunta filtración de datos de beneficiarios de los Programas del Bienestar generó preocupación luego de que el periodista y especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor alertara sobre una posible exposición de información personal y bancaria relacionada con apoyos federales.

De acuerdo con la denuncia pública, un supuesto atacante habría obtenido acceso a bases de datos que contienen documentos utilizados para el registro de beneficiarios, incluyendo CURP, RFC, INE, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos e incluso información vinculada a tarjetas del Banco del Bienestar.

Según Gómez Viña, la filtración correspondería a cerca de un gigabyte de información publicada en internet y podría afectar a personas inscritas en programas sociales federales.

Ante la difusión del caso, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Bienestar emitieron una tarjeta informativa en la que rechazaron que se haya tratado de un hackeo o una vulneración directa a la plataforma de los Programas del Bienestar.

Las dependencias federales señalaron que lo ocurrido fue un “ingreso no autorizado” realizado mediante credenciales comprometidas —usuario y contraseña— que permitieron acceder a información de algunos comités escolares del programa La Escuela es Nuestra. Asimismo, aseguraron que los protocolos de ciberseguridad permitieron detectar y frenar la vulnerabilidad, además de iniciar una revisión integral de los sistemas para fortalecer los mecanismos de protección.

“No se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar”, indica el documento oficial difundido este 29 de mayo. Sin embargo, las autoridades reconocieron que sí existió acceso indebido a información mediante cuentas comprometidas, aunque sin precisar cuántos registros pudieron verse afectados.