El Pleno del Congreso del Estado aprobó, con 33 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la facultad para que el Ayuntamiento de Puebla concesione por 10 años la explotación publicitaria y el mantenimiento de 401 paraderos de transporte público. La votación dividió a la oposición; la diputada Fedrha Suriano de MC votó en contra, mientras que la bancada del PAN optó por la abstención tras cinco meses en los que el dictamen permaneció congelado.

Durante el debate en tribuna, las legisladoras Delfina Pozos -del PRI- y Fedrha Suriano criticaron que la concesión de una década comprometa a la actual administración y a los próximos tres gobiernos municipales. Pozos Vergara cuestionó el retraso del dictamen y sembró dudas sobre posibles intereses para favorecer a un particular, además de señalar que la comuna tiene la capacidad financiera para atender los paraderos sin recurrir a una privatización a largo plazo.

Por su parte, Suriano Corrales acusó al Poder Legislativo de aprobar el proyecto “a ciegas” y sin ir al fondo. La diputada de Movimiento Ciudadano argumentó que el ayuntamiento capitalino no remitió a los legisladores los dictámenes técnicos, financieros ni los estudios de rentabilidad que sustenten la viabilidad del proyecto, ya que dicha documentación sólo fue compartida con el Gobierno del Estado.

Pese a los reclamos, la mayoría de Morena y aliados sacó adelante la iniciativa que permitirá al Ayuntamiento de Puebla lanzar la licitación pública. El esquema financiero establece que la empresa ganadora deberá realizar un pago inicial de 15 millones de pesos y entregar una contraprestación anual de 2.8 millones de pesos, sumando un ingreso estimado de 43.8 millones de pesos para el municipio durante la vigencia del contrato.

A cambio del negocio publicitario, la firma privada estará obligada a modernizar los 401 parabuses con iluminación, cámaras de seguridad, botones de pánico, internet gratuito y mobiliario accesible bajo la norma NOM-004-SEDATU-2023. Al concluir los diez años del contrato, toda la infraestructura instalada pasará automáticamente a ser propiedad del Ayuntamiento de Puebla.