Bolivia enfrenta una creciente crisis política y social tras un mes de protestas y bloqueos carreteros que han aislado parcialmente a La Paz, provocado escasez de alimentos y generado afectaciones al transporte y las cadenas de suministro.

Las movilizaciones se intensificaron en las últimas dos semanas con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. De acuerdo con reportes locales, grupos de mineros utilizaron dinamita durante choques con la policía, mientras que también se registraron saqueos a edificios gubernamentales y la quema de vehículos oficiales.

La crisis ha obligado al cierre de oficinas gubernamentales y empresas en La Paz, mientras que algunas escuelas migraron a clases a distancia debido a los bloqueos y disturbios. Las protestas son encabezadas por una amplia coalición integrada por sindicatos, grupos indígenas y organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses tras imponerse en las elecciones de octubre.

El conflicto comenzó por demandas sectoriales, entre ellas reclamos salariales de maestros, inconformidades de transportistas por combustible contaminado y el rechazo indígena a una ley de clasificación de tierras impulsada por el gobierno.

Aunque la administración federal retiró algunas medidas y ofreció concesiones, como bonos para docentes y la derogación de la ley agraria, las protestas evolucionaron hacia un movimiento político más amplio contra el gobierno. La situación también refleja la ruptura entre sectores populares y la nueva administración, luego de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó Bolivia entre 2006 y 2025.

Durante ese periodo, sectores indígenas, campesinos y trabajadores fortalecieron su participación política y accedieron a programas sociales, aunque el modelo también recibió críticas por prácticas clientelares. El expresidente Evo Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019 y mantiene una base política activa, reapareció como uno de los actores centrales de la crisis tras organizar una marcha de aproximadamente 190 kilómetros hacia la capital boliviana.

El gobierno de Rodrigo Paz ha acusado, sin presentar pruebas públicas, que parte de las protestas estarían financiadas por grupos vinculados al narcotráfico y también señaló a Evo Morales de intentar desestabilizar al país para recuperar influencia política.

Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han decretado estado de excepción ni desplegado una estrategia de represión masiva contra los manifestantes.