El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al narcotráfico, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times. Según el reporte, la directriz fue comunicada durante una conferencia interna encabezada por Aakash Singh, funcionario encargado de coordinar prioridades para fiscales federales en distintas regiones del país.

De acuerdo con la publicación, la nueva estrategia busca ampliar las investigaciones contra servidores públicos extranjeros acusados de colaborar con grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, particularmente organizaciones mexicanas.

El fundamento jurídico de esta medida deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante la cual los cárteles de la droga fueron catalogados como organizaciones terroristas.

Con esta clasificación, fiscales estadounidenses podrían presentar cargos adicionales por apoyo material a organizaciones terroristas, además de los delitos tradicionales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

La revelación ocurre semanas después de que el Departamento de Justicia formalizara acusaciones por narcotráfico contra el, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen Gerardo Mérida Sánchez, detenido recientemente en Arizona, además del senador Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las investigaciones estadounidenses sostienen que funcionarios habrían recibido sobornos y protección política a cambio de favorecer operaciones de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo y posteriormente obtuvo una suspensión judicial provisional contra una posible detención o extradición hacia Estados Unidos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que las acusaciones estadounidenses aún deben sostenerse con pruebas contundentes dentro de los procesos legales correspondientes.

El caso ha incrementado la tensión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, luego de declaraciones recientes del presidente Donald Trump sobre la influencia de los cárteles en territorio mexicano.