El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) enfrentan ataques armados presuntamente perpetrados por el grupo criminal “Los Ardillos” en la región de la Montaña Baja de Guerrero, y acusó que dichas acciones ocurren bajo la protección del gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En un pronunciamiento difundido el 9 de mayo, la organización aseguró que desde el pasado 6 de mayo se intensificaron las agresiones contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, mediante ataques armados y el uso de drones. De acuerdo con el comunicado, más de 800 familias fueron desplazadas tras más de ocho horas de ataques continuos, mientras que mujeres, niñas, niños y adultos mayores permanecen en riesgo por la violencia en la zona.

El CNI sostuvo que integrantes de “Los Ardillos” operan con presunta protección de autoridades estatales y acusó directamente a la administración de Evelyn Salgado, así como a corporaciones federales, de permitir la operación del grupo criminal.

“Denunciamos que el grupo criminal de ‘Los Ardillos’ opera bajo la protección del gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la complicidad del Ejército Mexicano y de los distintos niveles de gobierno”, señaló el comunicado difundido por la organización indígena. Además, afirmaron que integrantes del grupo delictivo permanecen cerca de instalaciones militares “sin que exista intervención alguna para detenerlos”.

La organización también criticó la presencia de fuerzas de seguridad en la región, al asegurar que la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano únicamente mantienen vigilancia sin impedir las agresiones contra las comunidades indígenas.

El pronunciamiento agrega que la violencia contra el CIPOG-EZ forma parte de una estrategia de hostigamiento contra comunidades que defienden su territorio y autonomía en la Montaña de Guerrero. Asimismo, el CNI recordó que, según sus registros, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 25 más permanecen desaparecidos en medio de la violencia que enfrenta la región.

Finalmente, la organización exigió el cese inmediato de los ataques armados y llamó a colectivos, organizaciones y defensores de derechos humanos a mantenerse atentos ante la situación que viven las comunidades indígenas de Guerrero.