La Secretaría de Salud de Puebla incurrió en un posible daño patrimonial por 147 millones 876 mil pesos en la cuenta pública 2024, luego de adquirir medicamentos oncológicos, sueros y contratar un servicio de banco de sangre sin contar con evidencia suficiente de la entrega total de los insumos, informó la Auditoría Superior del Estado.

La observación corresponde al último año de la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, actual titular del Instituto Nacional de Migración, quien concluyó su mandato el 14 de diciembre de 2024 y fue sucedido por el gobernador Alejandro Armenta Mier. De acuerdo con la ASE, se emitió un pliego de observaciones a los Servicios de Salud estatales, entonces encabezados por Araceli Soria Córdoba, para aclarar tres contratos en los que no existe documentación suficiente para comprobar que los bienes y servicios fueron entregados conforme a lo contratado.

El primer convenio señalado, identificado con el número SSEP/DSG/GESAL-037-040/016/2024, fue adjudicado a Grupo Clínico de la Hoz & Crystal por un monto de 97 millones 44 mil 273 pesos para la prestación del servicio integral de banco de sangre. Tras revisar la documentación presentada por la dependencia, la auditoría determinó que no hay evidencia suficiente que confirme la entrega de los insumos ni que estos cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas.

El segundo contrato, con número SSEP/DSG/GESAL-022-032/004/2024, fue asignado a Pharma Tycsa por 28 millones 255 mil 94 pesos para la preparación de mezclas oncológicas; sin embargo, también se detectó falta de pruebas sobre la prestación del servicio.

La misma empresa recibió además un tercer contrato por 22 millones 576 mil 634 pesos para la preparación de mezclas e insumos de nutrición parenteral, registrado bajo el número SSEP/DSG/GESAL-021-031/003/2024, donde igualmente se reportó insuficiencia documental para acreditar la recepción total de los insumos.

La observación forma parte de la revisión de la cuenta pública 2024 realizada por la ASE, la cual contrastó con el resultado obtenido en la fiscalización del Poder Ejecutivo estatal, donde no se detectaron irregularidades en el manejo general de los recursos durante el último año del gobierno de Sergio Salomón Céspedes.