Un total de 103 municipios de los 217 que conforman el estado de Puebla han formalizado su adhesión al convenio de colaboración administrativa con el Gobierno del Estado, lo que representa el 47.4% del territorio poblano.

El trasfondo técnico de esta decisión no responde únicamente a una necesidad de cobranza inmediata, sino a una estrategia financiera vinculada directamente con la Ley de Coordinación Fiscal; bajo este marco legal, la Federación utiliza fórmulas específicas para distribuir recursos que premian el esfuerzo recaudatorio de las entidades y sus ayuntamientos.

Al permitir que el Estado gestione el cobro del predial, los municipios lograrían formalizar sus ingresos de manera más eficiente ante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, lo que eleva su puntuación en los indicadores federales y se traduce en un incremento neto de las participaciones y aportaciones anuales que reciben.

En cuanto a la operatividad del sistema, el convenio habilita a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para poner su infraestructura tecnológica y puntos de atención a disposición de las tesorerías municipales.

Esto permite que los ciudadanos realicen sus pagos en plataformas estatales o ventanillas como los Centros de Integración de Servicios, facilitando el cumplimiento fiscal. Es importante señalar que este mecanismo no tendría que vulberar la autonomía municipal, ya que los ayuntamientos mantienen la facultad de definir sus propias tasas y contribuciones.