El Gabinete de Seguridad Federal confirmó que los dos agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, que fallecieron en un operativo antinarcóticos en Chihuahua el pasado 19 de abril, carecían de acreditación formal para realizar actividades operativas en México.

Los registros migratorios revelaron que uno de los agentes ingresó al país en calidad de visitante y el otro con pasaporte diplomático; sin embargo, ninguno de estos estatus les facultaba para intervenir en operativos de seguridad.

Ante esta irregularidad, el Gobierno de México inició una revisión administrativa y legal en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, subrayando que la cooperación bilateral debe limitarse estrictamente al intercambio de inteligencia y asistencia técnica, sin vulnerar la soberanía nacional.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos en la zona de El Pinal, donde también perdieron la vida el primer comandante Pedro Oseguera y el oficial Manuel Genaro Méndez.

No obstante, el anuncio generó críticas debido a que el gobierno estatal reconoció previamente la existencia de acuerdos directos con agencias estadounidenses, y la nueva unidad será encabezada por funcionarios allegados a la Fiscalía estatal, lo que ha despertado dudas sobre la transparencia de la indagatoria.