En sesión extraordinaria, el Cabildo de Puebla aprobó por mayoría de votos —19 a favor, cuatro en contra y una abstención— la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa con el Gobierno del Estado para que la Secretaría de Planeación y Finanzas asuma la recaudación y administración del Impuesto Predial. La medida, impulsada por el alcalde Pepe Chedraui Budib, busca alinear al municipio con la reciente reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla para acceder a recursos federales adicionales.

El regidor Leobardo Rodríguez Juárez defendió el punto de acuerdo señalando que se trata de una visión estratégica para fortalecer las capacidades administrativas y reducir costos operativos; explicó que, al ceder la función recaudatoria al estado, el municipio podrá beneficiarse del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal.

Bajo este esquema, el Estado cobrará un 5% por concepto de gastos operativos, pero el regidor aseguró que habrá un “respeto absoluto” a la autonomía municipal, ya que los ingresos seguirán siendo propiedad del Ayuntamiento y solo serán gestionados por la infraestructura estatal para mejorar la eficiencia.

En contraste, el regidor Carlos Montiel Solana criticó la decisión al considerarla una pérdida de control sobre el ingreso propio más importante que tiene la capital; advirtió que Puebla cuenta con la infraestructura suficiente para realizar el cobro sin intervención externa y cuestionó que, además del costo operativo del 5%, el estado retendrá porcentajes significativos de la recaudación activa. Montiel alertó que este convenio podría abrir la puerta a que el gobierno de Alejandro Armenta administre directamente los recursos.

Con esta aprobación, el Gobierno del Estado se encargará de las labores de cobro y transferencia de los fondos al municipio y el debate en el Cabildo dejó en evidencia dos posturas opuestas: una que prioriza la recaudación coordinada para captar mayores participaciones federales, y otra que ve en el acuerdo una cesión de facultades constitucionales que conduciría una centralización administrativa y pérdida de autonomía.